México, D. F., 24 de septiembre de 2007.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó jurisprudencia en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales de los militares, al conceder un quinto amparo en contra de la determinación de dar de baja, por inutilidad, a elementos de las fuerza armadas por contraer la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) confirmada con pruebas suplementarias.
Así lo determinó el Alto Tribunal al declarar la inconstitucionalidad del artículo 226, Segunda Categoría, Numeral 45, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), vigente desde 2003, que prevé como causa de inutilidad el ser seropositivo al VIH. Esto, puntualizaron los ministros, viola las garantías de igualdad y no discriminación que consagra el artículo 1° de la Constitución Federal.
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN:
http://www.scjn.gob.mx/NR/rdonlyres/007425B6-815F-4B18-AA3F-812755B60E41/0/PL20070924.pdf
Algunos argumentos del voto particular del Ministro Azuela Güitrón:
[...]
Décimo Quinto. Los infectados por VIH, aun en el caso de que no
padezcan el SIDA no gozan de salud, y por tanto deben
considerarse inútiles para el servicio de las armas; desde luego es
necesario definir qué debe entenderse por salud, para lo cual se
tiene presente que la Organización Mundial de la Salud la define
como “El estado de completo bienestar físico, mental y social y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Acorde a la
anterior definición, a contrario sensu se puede afirmar que un
individuo no goza de salud cuando en su organismo existe la
presencia de cualquier afección o enfermedad, de manera que no
puede afirmarse que se encuentra en un completo estado físico,
mental o social de salud.
Décima Sexta. Así, contrariamente a lo que se sostiene en el criterio
mayoritario, al considerar que entre el momento en que se produce
la infección por VIH y el momento en que se manifiesta
sintomatología de SIDA puede transcurrir un gran número de años
en los cuales el militar puede continuar prestando sus servicios al
ejército, estimamos que la sola infección por VIH produce diversos
trastornos en el individuo que la padece, los cuales lo imposibilitan
para seguir prestando sus servicios integralmente a las fuerzas
armadas.
[...]
Vigésima Segunda.- Lo anterior nos lleva a reconocer que las
personas que se encuentran en la situación descrita, esto es, que
están infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, o bien
que padecen el Síndrome de Inmunodeficiencia Humana, como
cualquier ser humano merecen ser tratadas con dignidad; incluso,
dadas sus condiciones de salud y atendiendo a la solidaridad que
debe regir, no sólo en las instituciones públicas sino entre los seres
humanos en general, tales personas deben recibir una mayor
atención, con el propósito de mejorar su calidad de vida.
Sin embargo, de lo anterior no se puede concluir que son
inconstitucionales, tanto el precepto reclamado como sus actos
concretos de aplicación, puesto que debe distinguirse entre la
obligación a cargo del Estado de prestar los servicios de salud
necesarios a través de la Secretaría de Salud, y los requisitos que
deben cumplirse para prestar el servicio de las armas, conforme a la
regulación prevista en la Ley del Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas, que era la cuestión controvertida
en el juicio de amparo correspondiente, y en el recurso de revisión
que se hizo valer al respecto. Éstas fueron en esencia las razones
que sustentaron el voto particular y que, desde luego, por lo que a
mí toca continúan vigentes y que, desde luego, en su momento
formarán parte del voto particular que haré una vez que este asunto
sea votado.
....
La Corte resolvió:
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor ministro
presidente, hay unanimidad de diez votos en favor del
reconocimiento de validez del artículo 24, fracción IV, de la Ley del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
a que se refiere el primer propositivo.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor ministro
presidente, hay mayoría de ocho votos en favor de la declaración de
invalidez del artículo 226, Segunda Categoría, numeral 45, de la Ley
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas, y sus actos de aplicación propuestos en el resolutivo
Segundo del proyecto.
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Bueno, aclaro que no se trata
de declaración de validez ni de invalidez, estamos en un juicio de
amparo, y lo que aquí se ha propuesto es: NO AMPARAR POR EL
ARTÍCULO 24, FRACCIÓN IV, Y AMPARAR AL QUEJOSO EN
CONTRA DEL ARTÍCULO 226, SEGUNDA CATEGORÍA,
NUMERAL 45.
DE ACUERDO CON LAS VOTACIONES ANTES INDICADAS,
DECLARO RESUELTO ESTE ASUNTO EN LOS TÉRMINOS DE
LA CONSULTA.
Señor ministro Aguirre Anguiano.
SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Anunciando que
también haré voto particular, o bien si el señor ministro Azuela
Güitrón admite que suscriba el voto que él ha anunciado, lo haré
con mucho gusto.
SEÑOR MINISTRO AZUELA GÜITRÓN: Naturalmente, yo estoy
ante la segunda hipótesis, que fortalecerá con un gran peso el
mismo.
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Tome nota señor secretario que
el voto del señor ministro Azuela se verá fortalecido con un gran
peso que le aporta el señor ministro Aguirre Anguiano.
jueves, 27 de septiembre de 2007
miércoles, 26 de septiembre de 2007
Reforma Electoral avalada
Con la ratificación de dieciocho legislaturas locales, se valida la reforma electoral. Legislaturas que han avalado la reforma electoral: Oaxaca, Estado de México, Colima, Jalisco, Morelos, Durango, Zacatecas, Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Baja California Sur, Chiapas y Puebla.
miércoles, 19 de septiembre de 2007
lunes, 17 de septiembre de 2007
Editorial Jesús Silva-Hérzog M. en el Reforma
El nuevo modelo
Jesús Silva-Herzog Márquez Visita su BLOG17 Sep. 07En una sesión extraña, el Senado aprobó una reforma electoral de enormes repercusiones para la vida pública mexicana. No me refiero solamente a la tensión que la envolvía, a la inusual coincidencia de los tres grandes partidos, ni a los elogios que cruzaban de una bancada a otra. Hablo del aire expiatorio que se sentía en los discursos parlamentarios. La tribuna del Senado como confesionario nacional. Los senadores hablaban y legislaban para cambiar las reglas, pero también para limpiar culpas. Santiago Creel hablaba del efecto siniestro de las campañas que compraban espacios en radio y televisión y con ello rompían la equidad. El senador advertía con aire evangelizador que, ante este pecado, nadie podría arrojar la primera piedra. Carlos Navarrete seguía la misma línea: legislar desde el confesionario. Hemos vendido el alma al diablo con tal de conseguir dinero para aparecer en la televisión. La reforma electoral era para esos partidos, la fórmula compartida para expiar sus culpas.No es, por supuesto, un avemaría sin consecuencias. Se trata de la modificación más importante a las reglas de competencia en los últimos lustros. Entre los homenajes que la clase política se ha tributado y la estridencia de los críticos, no hemos podido aquilatar las implicaciones del cambio. Los extremos, en su retórica de juicios tajantes, nos llaman a renegar del claroscuro. Argumentan que lo importante (sea deplorable o meritorio) debe servir para dejar de lado lo trivial. Los entusiastas dicen que es una reforma histórica que hay que aplaudir enfáticamente. Se ha recuperado la República. Recuperamos la política del imperio de los negocios. Los mercaderes expulsados del templo de las deliberaciones. Nuestra democracia será, a partir de ahora, el ágora de los debates, una plaza abierta para la confrontación de proyectos-de-nación y no el circo oligárquico de los espots y los insultos.Desde la trinchera contraria se nos pinta el panorama opuesto y se nos convoca a reparar el agravio. La reforma tiene trazo de censura totalitaria; un golpe de Estado electoral; los tres partidos han seguido la lección chavista. La partidocracia ha enterrado nuestro joven pluralismo. El Congreso pintado como un tirano de 100 cabezas que aplasta a una sociedad desvalida y a sus inermes medios. Descreo de esa pareja de vehementes. Ni restauración republicana ni arbitrariedad partidocrática. Otra cosa: un nuevo modelo de financiamiento y de vinculación entre candidatos y medios.Los legisladores, en efecto, cambiaron de modelo. El modelo actual es, como buena parte de nuestros arreglos, una mezcolanza de arquetipos. Bajo la idea de que nuestro genio mestizo podrá exprimir lo mejor de cualquier fruto para obtener una néctar "muy nuestro", producimos con frecuencia bebidas indigestas. Queriendo lo mejor de todos lados, conseguimos una ensalada de defectos. Así, embonamos un sistema presidencial americano con un arreglo partidista más bien europeo. En términos de financiamiento heredamos del vecino las campañas larguísimas y la compra comercial de espacios en radio y televisión pero importamos el financiamiento público de Europa. Atroz combinación: recursos públicos en beneficio de intereses privados. Ése es el giro reciente: dejamos el modelo estadounidense para tomar ejemplo del otro lado del Atlántico. No, por supuesto, para inspirarnos en la vieja Unión Soviética -como señaló un exaltado hace unos días- sino para seguir la experiencia francesa, que muchos otros países han adoptado.Siguiendo ese modelo que inspira legislaciones en Europa y en varios países latinoamericanos, se extrae la publicidad electoral del mercado. A través de una instancia oficial los partidos darán uso a los tiempos que corresponden al Estado. No se trata, por supuesto, de la panacea deliberativa que algunos ensalzan, pero puede ser un paso en dirección correcta. Las bondades de la reforma no radican en los beneficios que producirá sino en los males que puede limitar. ¿Mejorará la calidad del debate democrático? Lo dudo. ¿Se acotará en cierta medida el influjo del dinero y de los medios en los procesos electorales? Es posible.Es cierto que la reforma brota de una coincidencia de intereses. Los tres partidos se ponen de acuerdo para garantizar su permanencia como núcleo de la democracia mexicana. Los ambiciosos del Congreso se alían también para cerrarle el paso a los ambiciosos de los ejecutivos. El pacto de garantías carga con una lista significativa de damnificados. El órgano electoral, en primer lugar. Con una medida propia de una política bananera, los partidos se deshacen del árbitro que no les gusta. Se comprometen a "no denigrarse" y dificultan la aparición de nuevos competidores. El arreglo es un edicto de clausura: el juego democrático será, oficialmente, de tres. La capacidad de castigar a estos partidos será muy menor a partir de ahora. Sea cual sea el veredicto de los ciudadanos, las cúpulas de las tres organizaciones tendrán presencia garantizada en los espacios de poder. Si no se abren otras compuertas, el sistema partidista puede osificarse muy pronto. Por ello urge complementar este paquete con la reelección legislativa, con algún dispositivo prudente de democracia semidirecta y mayor severidad de la normativa intrapartidista.En todo caso, debemos admitir que la democracia moderna es democracia de partidos y que necesitamos, por tanto, de partidos fuertes. La pregunta que surge tras el cambio de modelo electoral es si anticipa un cambio de modelo constitucional. ¿Se asoma el semipresidencialismo? ¿Se entiende lo que eso significa? http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/
Jesús Silva-Herzog Márquez Visita su BLOG17 Sep. 07En una sesión extraña, el Senado aprobó una reforma electoral de enormes repercusiones para la vida pública mexicana. No me refiero solamente a la tensión que la envolvía, a la inusual coincidencia de los tres grandes partidos, ni a los elogios que cruzaban de una bancada a otra. Hablo del aire expiatorio que se sentía en los discursos parlamentarios. La tribuna del Senado como confesionario nacional. Los senadores hablaban y legislaban para cambiar las reglas, pero también para limpiar culpas. Santiago Creel hablaba del efecto siniestro de las campañas que compraban espacios en radio y televisión y con ello rompían la equidad. El senador advertía con aire evangelizador que, ante este pecado, nadie podría arrojar la primera piedra. Carlos Navarrete seguía la misma línea: legislar desde el confesionario. Hemos vendido el alma al diablo con tal de conseguir dinero para aparecer en la televisión. La reforma electoral era para esos partidos, la fórmula compartida para expiar sus culpas.No es, por supuesto, un avemaría sin consecuencias. Se trata de la modificación más importante a las reglas de competencia en los últimos lustros. Entre los homenajes que la clase política se ha tributado y la estridencia de los críticos, no hemos podido aquilatar las implicaciones del cambio. Los extremos, en su retórica de juicios tajantes, nos llaman a renegar del claroscuro. Argumentan que lo importante (sea deplorable o meritorio) debe servir para dejar de lado lo trivial. Los entusiastas dicen que es una reforma histórica que hay que aplaudir enfáticamente. Se ha recuperado la República. Recuperamos la política del imperio de los negocios. Los mercaderes expulsados del templo de las deliberaciones. Nuestra democracia será, a partir de ahora, el ágora de los debates, una plaza abierta para la confrontación de proyectos-de-nación y no el circo oligárquico de los espots y los insultos.Desde la trinchera contraria se nos pinta el panorama opuesto y se nos convoca a reparar el agravio. La reforma tiene trazo de censura totalitaria; un golpe de Estado electoral; los tres partidos han seguido la lección chavista. La partidocracia ha enterrado nuestro joven pluralismo. El Congreso pintado como un tirano de 100 cabezas que aplasta a una sociedad desvalida y a sus inermes medios. Descreo de esa pareja de vehementes. Ni restauración republicana ni arbitrariedad partidocrática. Otra cosa: un nuevo modelo de financiamiento y de vinculación entre candidatos y medios.Los legisladores, en efecto, cambiaron de modelo. El modelo actual es, como buena parte de nuestros arreglos, una mezcolanza de arquetipos. Bajo la idea de que nuestro genio mestizo podrá exprimir lo mejor de cualquier fruto para obtener una néctar "muy nuestro", producimos con frecuencia bebidas indigestas. Queriendo lo mejor de todos lados, conseguimos una ensalada de defectos. Así, embonamos un sistema presidencial americano con un arreglo partidista más bien europeo. En términos de financiamiento heredamos del vecino las campañas larguísimas y la compra comercial de espacios en radio y televisión pero importamos el financiamiento público de Europa. Atroz combinación: recursos públicos en beneficio de intereses privados. Ése es el giro reciente: dejamos el modelo estadounidense para tomar ejemplo del otro lado del Atlántico. No, por supuesto, para inspirarnos en la vieja Unión Soviética -como señaló un exaltado hace unos días- sino para seguir la experiencia francesa, que muchos otros países han adoptado.Siguiendo ese modelo que inspira legislaciones en Europa y en varios países latinoamericanos, se extrae la publicidad electoral del mercado. A través de una instancia oficial los partidos darán uso a los tiempos que corresponden al Estado. No se trata, por supuesto, de la panacea deliberativa que algunos ensalzan, pero puede ser un paso en dirección correcta. Las bondades de la reforma no radican en los beneficios que producirá sino en los males que puede limitar. ¿Mejorará la calidad del debate democrático? Lo dudo. ¿Se acotará en cierta medida el influjo del dinero y de los medios en los procesos electorales? Es posible.Es cierto que la reforma brota de una coincidencia de intereses. Los tres partidos se ponen de acuerdo para garantizar su permanencia como núcleo de la democracia mexicana. Los ambiciosos del Congreso se alían también para cerrarle el paso a los ambiciosos de los ejecutivos. El pacto de garantías carga con una lista significativa de damnificados. El órgano electoral, en primer lugar. Con una medida propia de una política bananera, los partidos se deshacen del árbitro que no les gusta. Se comprometen a "no denigrarse" y dificultan la aparición de nuevos competidores. El arreglo es un edicto de clausura: el juego democrático será, oficialmente, de tres. La capacidad de castigar a estos partidos será muy menor a partir de ahora. Sea cual sea el veredicto de los ciudadanos, las cúpulas de las tres organizaciones tendrán presencia garantizada en los espacios de poder. Si no se abren otras compuertas, el sistema partidista puede osificarse muy pronto. Por ello urge complementar este paquete con la reelección legislativa, con algún dispositivo prudente de democracia semidirecta y mayor severidad de la normativa intrapartidista.En todo caso, debemos admitir que la democracia moderna es democracia de partidos y que necesitamos, por tanto, de partidos fuertes. La pregunta que surge tras el cambio de modelo electoral es si anticipa un cambio de modelo constitucional. ¿Se asoma el semipresidencialismo? ¿Se entiende lo que eso significa? http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/
viernes, 14 de septiembre de 2007
Editoriales reforma electoral en El Universal
¡Tengan su reforma!
César Cansino
El Universal Viernes 14 de septiembre de 2007
Que México necesita con urgencia una reforma electoral profunda que apuntale a nuestra incipiente y muy cuestionada democracia electoral es una verdad aceptada por todos. Si algo mostraron los comicios federales del año pasado fue precisamente que nuestro sistema electoral hacía agua por todas partes; que bastaba una elección muy reñida para que estallaran las insuficiencias e inconsistencias de la normatividad electoral.
Si la reforma no procedió antes fue porque las elecciones en 2000 la vacunaron. Parecía entonces que habíamos encontrado la fórmula perfecta para organizar elecciones e incluso se creó la ficción de que nuestro modelo era exportable a otros países. ¡Nada más ridículo! La diferencia entre los comicios de 2000 y 2006 fueron simplemente algunos puntos de diferencia entre los dos candidatos presidenciales más votados. Aquí no hay héroes ni villanos, simplemente circunstancias, y en el trasfondo la misma e inútil ley electoral, la de 1996.
Pero nadie quería verlo. Los partidos parecían encandilados con las bondades de la reforma electoral de 1996 y fuimos muy pocos los observadores que insistimos en esos años en las muchas incongruencias de la misma y advertimos que tarde o temprano debía modificarse de manera integral si se aspiraba a fortalecer la democracia. El hecho es que los castillos que se pretendieron construir eran de arena y hoy los partidos han debido reconocer la fragilidad de origen de la legislación electoral.
La pregunta que surge ahora es si la reforma electoral aprobada por el Senado el miércoles pasado cumple con las necesidades y exigencias de una auténtica democracia electoral, es decir, si está a la altura de lo que el país requiere o si constituye una reforma insuficiente a la que le sucederán nuevas reformas en el futuro, tan pronto como unos comicios muestren sus puntos débiles.
Si bien la iniciativa tiene avances importantes, son tantas las omisiones que no hay más remedio que aceptar que nuestra clase política sigue enferma de gradualismo y resulta incapaz de mirar más allá de la inmediatez de sus intereses de partido. Tal y como los partidos han presentado la propuesta, a las reformas de “tercera generación”, como muchos despistados han llamado a esta reforma, le sucederán reformas de “cuarta”, “quinta” y “n” generación. Más aún, tienen mucha razón quienes argumentan que con estas reformas se da una vuelta de tuerca más hacia la afirmación de la partidocracia en México, concebida como una perversión de la democracia en la que no existen suficientes mecanismos formales para contrarrestar y limitar el poder de los partidos mayoritarios. En los hechos, más que los ciudadanos, quienes ganan con esta reforma son los propios partidos mayoritarios, los cuales no ven afectados en lo más mínimo sus muchas prerrogativas e intereses al amparo de la ley.
Que se restrinja la publicidad pagada para promover las campañas de partidos y candidatos es un avance indudable. Para eso existen los tiempos oficiales del Estado que concesiona las frecuencias a los medios privados. México adopta con esta decisión un principio básico de sana distancia entre los partidos y los medios que opera casi en todas las democracias consolidadas del mundo. Por eso, muy pocos ciudadanos se tragaron la embestida de los consorcios televisivos y radiofónicos que al ver afectados sus intereses pusieron el grito en el cielo, inventando toda clase de patrañas. Resultaba patético escuchar a “comunicadores” tan mediocres y sin ninguna autoridad moral defendiendo la libertad de expresión y erigiéndose en paladines de la democracia. ¡Qué absurdo! Como si los ciudadanos no supiéramos el origen de la concesión a TV Azteca o la complicidad que durante años tuvo Televisa con el viejo régimen priísta.
Con todo, el avance queda empañado en el momento en que la reforma deja de lado aspectos igualmente cruciales. El asunto de las candidaturas independientes quedó en el limbo, pues se omite el párrafo que las impedía pero no se reglamenta al respecto; la reelección de diputados y senadores simplemente no fue considerado, aunque algunos legisladores dicen que es parte de otra reforma en las previstas por la reforma del Estado; nada se avanzó sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, que requiere de un régimen especial. El mecanismo de selección de los consejeros del IFE quedó intacto, siendo los partidos los que designan pese a que ese procedimiento vicia de origen la credibilidad del árbitro. Los mecanismos para la fiscalización de partidos siguen dándoles amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de sus recursos y actividades. El contralor del IFE designado por los partidos resulta un contrasentido a la autonomía de ese órgano. Por éstas y muchas otras omisiones, los partidos nos siguen debiendo. Con esta reforma se volvió a perder la posibilidad de ir al fondo de muchos de los problemas de nuestro sistema electoral. ¡Basta de simulaciones!
cansino@cepcom.com.mx
Director del Centro de Estudios de Política Comparada
Reforma electoral: una evaluación
Miguel Carbonell
El Universal Viernes 07 de septiembre de 2007
El hecho de que la mayor parte de la discusión sobre la reforma electoral se haya centrado en la eventual remoción de los consejeros del IFE demuestra el bajo nivel del debate público mexicano. La iniciativa dada a conocer en días pasados contiene un buen número de asuntos que merecen mayor atención y que invitan a un debate informado que hasta ahora no hemos tenido.
En general la reforma tiene puntos muy positivos, como la disminución de los tiempos de campaña, las nuevas reglas para el financiamiento de los partidos, la regulación de las precampañas, la prohibición de que se difunda propaganda con la imagen o la voz de cualquier gobernante, la prohibición de la propaganda gubernamental durante el periodo electoral, etcétera.
Pero la reforma también tiene aspectos sobre los que habría que meditar con detenimiento. A reserva de abundar posteriormente en otros, me centro ahora en los tres siguientes:
1. La iniciativa prohíbe por mandato constitucional las candidaturas independientes, tanto para las elecciones locales como para las federales. Este es un aspecto que ha dado lugar a muchos debates, tanto en México como en otros países. No creo que la mejor forma de zanjar esos debates sea estableciendo una prohibición total y completa en el texto constitucional. Quizá se trate de una manera un tanto encubierta de ganarle el litigio a Jorge G. Castañeda ante la jurisdicción interamericana, lo que sería del todo reprobable.
Habría que considerar que el tema debe ser objeto de regulación (permitiendo o prohibiendo las candidaturas independientes) en el seno de los órganos legislativos no a partir de una definición constitucional. A nivel local ya existen algunos intentos, todavía muy tímidos, de crear candidaturas ciudadanas, los cuales se vendrían abajo si la reforma es aprobada. Si es cierto que todos los monopolios son malos, debemos aceptar que también lo son en materia política. ¿No sería bueno dejar al menos un poco abierta la ventana para una posible regulación (democrática y transparente) de las candidaturas independientes?
2. La iniciativa limita la posibilidad de que los órganos electorales conozcan de asuntos relacionados con la vida interna de los partidos. Este es un retroceso en toda regla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha realizado en los últimos años una gran tarea para ir imponiendo los principios del estado de derecho dentro de los partidos políticos, que estaban acostumbrados a hacer y deshacer en materia de manejo de sus candidaturas, de su dinero y de la admisión o expulsión de militantes.
Los partidos políticos mexicanos, pese a la retórica en contrario que suelen utilizar, han sido manejados como pequeños feudos, al servicio de dirigencias muchas veces mafiosas, con escasa voluntad de diálogo y sin demasiadas convicciones democráticas. ¿Por qué tendríamos que aceptar un blindaje constitucional que les permitiría permanecer ajenos a casi cualquier tipo de control externo? Si se aprueba este aspecto de la reforma se estaría reforzando enormemente el papel de las dirigencias, en demérito de la militancia y de las buenas prácticas democráticas que las autoridades judiciales les han obligado a adoptar a los partidos.
3. La iniciativa propone crear una especie de “contraloría” dentro del IFE, dotada de autonomía y cuyo titular es nombrado por la Cámara de Diputados. Me parece un profundo error este aspecto de la propuesta. ¿Se podría imaginar algo semejante en cualquiera de los demás órganos constitucionales autónomos que existen en México? ¿Sería aceptable un contralor semejante en el Banco de México o en la CNDH? La autonomía de este tipo de órganos supone que sus finanzas están sujetas a todos los controles, auditorías y revisiones que determine solamente el órgano superior de fiscalización a nivel federal, que es la Auditoría Superior prevista por el artículo 79 constitucional. Ese control es suficiente para el IFE, como lo es también para la CNDH o para el Banco de México.
Hay otros aspectos de la iniciativa que serían discutibles, pero al menos esos tres deberían ser suficientes para convocar a una discusión que vaya más allá de nombres y personas. Estamos ante la posibilidad real de mejorar sustantivamente las reglas de la competencia electoral, a fin de seguir siendo un modelo ejemplar en la materia. No lo tiremos por la borda dando rienda suelta a los apetitos omnívoros de los partidos políticos.
www.miguelcarbonell.com
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
César Cansino
El Universal Viernes 14 de septiembre de 2007
Que México necesita con urgencia una reforma electoral profunda que apuntale a nuestra incipiente y muy cuestionada democracia electoral es una verdad aceptada por todos. Si algo mostraron los comicios federales del año pasado fue precisamente que nuestro sistema electoral hacía agua por todas partes; que bastaba una elección muy reñida para que estallaran las insuficiencias e inconsistencias de la normatividad electoral.
Si la reforma no procedió antes fue porque las elecciones en 2000 la vacunaron. Parecía entonces que habíamos encontrado la fórmula perfecta para organizar elecciones e incluso se creó la ficción de que nuestro modelo era exportable a otros países. ¡Nada más ridículo! La diferencia entre los comicios de 2000 y 2006 fueron simplemente algunos puntos de diferencia entre los dos candidatos presidenciales más votados. Aquí no hay héroes ni villanos, simplemente circunstancias, y en el trasfondo la misma e inútil ley electoral, la de 1996.
Pero nadie quería verlo. Los partidos parecían encandilados con las bondades de la reforma electoral de 1996 y fuimos muy pocos los observadores que insistimos en esos años en las muchas incongruencias de la misma y advertimos que tarde o temprano debía modificarse de manera integral si se aspiraba a fortalecer la democracia. El hecho es que los castillos que se pretendieron construir eran de arena y hoy los partidos han debido reconocer la fragilidad de origen de la legislación electoral.
La pregunta que surge ahora es si la reforma electoral aprobada por el Senado el miércoles pasado cumple con las necesidades y exigencias de una auténtica democracia electoral, es decir, si está a la altura de lo que el país requiere o si constituye una reforma insuficiente a la que le sucederán nuevas reformas en el futuro, tan pronto como unos comicios muestren sus puntos débiles.
Si bien la iniciativa tiene avances importantes, son tantas las omisiones que no hay más remedio que aceptar que nuestra clase política sigue enferma de gradualismo y resulta incapaz de mirar más allá de la inmediatez de sus intereses de partido. Tal y como los partidos han presentado la propuesta, a las reformas de “tercera generación”, como muchos despistados han llamado a esta reforma, le sucederán reformas de “cuarta”, “quinta” y “n” generación. Más aún, tienen mucha razón quienes argumentan que con estas reformas se da una vuelta de tuerca más hacia la afirmación de la partidocracia en México, concebida como una perversión de la democracia en la que no existen suficientes mecanismos formales para contrarrestar y limitar el poder de los partidos mayoritarios. En los hechos, más que los ciudadanos, quienes ganan con esta reforma son los propios partidos mayoritarios, los cuales no ven afectados en lo más mínimo sus muchas prerrogativas e intereses al amparo de la ley.
Que se restrinja la publicidad pagada para promover las campañas de partidos y candidatos es un avance indudable. Para eso existen los tiempos oficiales del Estado que concesiona las frecuencias a los medios privados. México adopta con esta decisión un principio básico de sana distancia entre los partidos y los medios que opera casi en todas las democracias consolidadas del mundo. Por eso, muy pocos ciudadanos se tragaron la embestida de los consorcios televisivos y radiofónicos que al ver afectados sus intereses pusieron el grito en el cielo, inventando toda clase de patrañas. Resultaba patético escuchar a “comunicadores” tan mediocres y sin ninguna autoridad moral defendiendo la libertad de expresión y erigiéndose en paladines de la democracia. ¡Qué absurdo! Como si los ciudadanos no supiéramos el origen de la concesión a TV Azteca o la complicidad que durante años tuvo Televisa con el viejo régimen priísta.
Con todo, el avance queda empañado en el momento en que la reforma deja de lado aspectos igualmente cruciales. El asunto de las candidaturas independientes quedó en el limbo, pues se omite el párrafo que las impedía pero no se reglamenta al respecto; la reelección de diputados y senadores simplemente no fue considerado, aunque algunos legisladores dicen que es parte de otra reforma en las previstas por la reforma del Estado; nada se avanzó sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, que requiere de un régimen especial. El mecanismo de selección de los consejeros del IFE quedó intacto, siendo los partidos los que designan pese a que ese procedimiento vicia de origen la credibilidad del árbitro. Los mecanismos para la fiscalización de partidos siguen dándoles amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de sus recursos y actividades. El contralor del IFE designado por los partidos resulta un contrasentido a la autonomía de ese órgano. Por éstas y muchas otras omisiones, los partidos nos siguen debiendo. Con esta reforma se volvió a perder la posibilidad de ir al fondo de muchos de los problemas de nuestro sistema electoral. ¡Basta de simulaciones!
cansino@cepcom.com.mx
Director del Centro de Estudios de Política Comparada
Reforma electoral: una evaluación
Miguel Carbonell
El Universal Viernes 07 de septiembre de 2007
El hecho de que la mayor parte de la discusión sobre la reforma electoral se haya centrado en la eventual remoción de los consejeros del IFE demuestra el bajo nivel del debate público mexicano. La iniciativa dada a conocer en días pasados contiene un buen número de asuntos que merecen mayor atención y que invitan a un debate informado que hasta ahora no hemos tenido.
En general la reforma tiene puntos muy positivos, como la disminución de los tiempos de campaña, las nuevas reglas para el financiamiento de los partidos, la regulación de las precampañas, la prohibición de que se difunda propaganda con la imagen o la voz de cualquier gobernante, la prohibición de la propaganda gubernamental durante el periodo electoral, etcétera.
Pero la reforma también tiene aspectos sobre los que habría que meditar con detenimiento. A reserva de abundar posteriormente en otros, me centro ahora en los tres siguientes:
1. La iniciativa prohíbe por mandato constitucional las candidaturas independientes, tanto para las elecciones locales como para las federales. Este es un aspecto que ha dado lugar a muchos debates, tanto en México como en otros países. No creo que la mejor forma de zanjar esos debates sea estableciendo una prohibición total y completa en el texto constitucional. Quizá se trate de una manera un tanto encubierta de ganarle el litigio a Jorge G. Castañeda ante la jurisdicción interamericana, lo que sería del todo reprobable.
Habría que considerar que el tema debe ser objeto de regulación (permitiendo o prohibiendo las candidaturas independientes) en el seno de los órganos legislativos no a partir de una definición constitucional. A nivel local ya existen algunos intentos, todavía muy tímidos, de crear candidaturas ciudadanas, los cuales se vendrían abajo si la reforma es aprobada. Si es cierto que todos los monopolios son malos, debemos aceptar que también lo son en materia política. ¿No sería bueno dejar al menos un poco abierta la ventana para una posible regulación (democrática y transparente) de las candidaturas independientes?
2. La iniciativa limita la posibilidad de que los órganos electorales conozcan de asuntos relacionados con la vida interna de los partidos. Este es un retroceso en toda regla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha realizado en los últimos años una gran tarea para ir imponiendo los principios del estado de derecho dentro de los partidos políticos, que estaban acostumbrados a hacer y deshacer en materia de manejo de sus candidaturas, de su dinero y de la admisión o expulsión de militantes.
Los partidos políticos mexicanos, pese a la retórica en contrario que suelen utilizar, han sido manejados como pequeños feudos, al servicio de dirigencias muchas veces mafiosas, con escasa voluntad de diálogo y sin demasiadas convicciones democráticas. ¿Por qué tendríamos que aceptar un blindaje constitucional que les permitiría permanecer ajenos a casi cualquier tipo de control externo? Si se aprueba este aspecto de la reforma se estaría reforzando enormemente el papel de las dirigencias, en demérito de la militancia y de las buenas prácticas democráticas que las autoridades judiciales les han obligado a adoptar a los partidos.
3. La iniciativa propone crear una especie de “contraloría” dentro del IFE, dotada de autonomía y cuyo titular es nombrado por la Cámara de Diputados. Me parece un profundo error este aspecto de la propuesta. ¿Se podría imaginar algo semejante en cualquiera de los demás órganos constitucionales autónomos que existen en México? ¿Sería aceptable un contralor semejante en el Banco de México o en la CNDH? La autonomía de este tipo de órganos supone que sus finanzas están sujetas a todos los controles, auditorías y revisiones que determine solamente el órgano superior de fiscalización a nivel federal, que es la Auditoría Superior prevista por el artículo 79 constitucional. Ese control es suficiente para el IFE, como lo es también para la CNDH o para el Banco de México.
Hay otros aspectos de la iniciativa que serían discutibles, pero al menos esos tres deberían ser suficientes para convocar a una discusión que vaya más allá de nombres y personas. Estamos ante la posibilidad real de mejorar sustantivamente las reglas de la competencia electoral, a fin de seguir siendo un modelo ejemplar en la materia. No lo tiremos por la borda dando rienda suelta a los apetitos omnívoros de los partidos políticos.
www.miguelcarbonell.com
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
La Reforma Fiscal
- 14 de septiembre de 2007
El Pleno de la Cámara de Diputados conoció de primera lectura el dictamen de Reforma Electoral, elaborado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, que habrá de ser discutido en la sesión ordinaria de este viernes 14 de septiembre. Asimismo, se aprobaron los siete dictámenes que conforman la Reforma Fiscal, que fueron turnados al Senado para los efectos constitucionales.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 463 votos en pro y 2 abstenciones, el jueves 13 de septiembre de 2007. Votación. En lo particular el artículo 79, reservado, en sus términos. Votación. Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2339, miércoles 12 de septiembre de 2007. - De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos; y deroga y reforma diversas disposiciones del decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005. Aprobado en la Cámara de Diputados con 437 votos en pro y 2 abstenciones, el jueves 13 de septiembre de 2007. Votación. Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2340-A, jueves 13 de septiembre de 2007.
- De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Primera lectura el miércoles 12 de septiembre de 2007.-->Aprobado en la Cámara de Diputados con 440 votos en pro y 1 abstención, el jueves 13 de septiembre de 2007. Votación. Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2339, miércoles 12 de septiembre de 2007.
- De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y se establece el subsidio para el empleo. Primera lectura el miércoles 12 de septiembre de 2007.-->Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 440 votos en pro, el jueves 13 de septiembre de 2007. Votación. En lo particular los artículos reservados, relativo a la adición en la fracción XVI del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y la modificación del encabezado del artículo primero del proyecto de decreto, admitidas por el Pleno. Votación. Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2339, miércoles 12 de septiembre de 2007.
- De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Primera lectura el miércoles 12 de septiembre de 2007.-->Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 323 votos en pro, 135 en contra y 2 abstenciones, el jueves 13 de septiembre de 2007. Votación. En lo particular los artículos 1 y 4, reservados, en sus términos. Votación. Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2339, miércoles 12 de septiembre de 2007.
- De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones fiscales, para fortalecer el federalismo fiscal. Primera lectura el jueves 13 de septiembre de 2007.-->Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 313 votos en pro, 154 en contra y 2 abstenciones, el jueves 13 de septiembre de 2007. Votación. Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2340-B, jueves 13 de septiembre de 2007.
- De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Primera lectura el miércoles 12 de septiembre de 2007.-->Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 306 votos en pro, 128 en contra y 4 abstenciones, el jueves 13 de septiembre de 2007. Votación. Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2339, miércoles 12 de septiembre de 2007.
Aquí pueden bajarse los siete dictámenes http://gaceta.diputados.gob.mx/
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