Editorial Jorge Alcocer en el Periódico Reforma

Avanza

Jorge Alcocer V.
11 Sep. 07

El conocimiento público del predictamen sobre la iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral, ocurrido el día 5 del mes en curso, ha permitido reorientar el debate y colocar las cosas en su lugar. Como ha quedado demostrado, la reforma es mucho más que el relevo, escalonado, de los actuales consejeros electorales, hecho sobre el cual, por cierto, hasta hace unas horas no había una solución que mereciera el respaldo de los tres principales partidos.

La nueva reforma electoral ha quedado ya definida por tres ingredientes centrales que son: un nuevo modelo de comunicación entre partidos y sociedad fundado en el uso exclusivo de los tiempos de que el Estado dispone en radio y televisión, y la consecuente prohibición total a los partidos políticos de comprar tiempo en dichos medios; la reducción del financiamiento público de campañas, que sumado el ahorro de 2009 y 2012 producirá al erario un remanente disponible para otros fines por alrededor de 3 mil 400 millones de pesos; y la reducción de los periodos de campaña, a 90 días en el año de la elección presidencial y 60 días en el año de la elección intermedia.

Las precisiones que ayer se dieron a conocer respecto al proyecto de decreto dejan claramente establecido que no existe en el Congreso de la Unión intención alguna de "expropiar tiempo" a las empresas concesionarias de radio y televisión. Se deja establecido que el tiempo de que el IFE dispondrá, para sus propios fines y para atender el derecho constitucional de los partidos políticos, será de 48 minutos diarios a partir del arranque de las precampañas y hasta el día de la jornada comicial, exactamente lo mismo de que hoy dispone el Estado por concepto de derechos e impuestos pagados en especie, es decir, en tiempo aire. Se trata de cambiar el uso de un recurso con el que ya cuenta el Estado mexicano, sin intención alguna de perjudicar a las empresas de esa industria. Lo que éstas dejarán de recibir al no vender tiempo a los partidos políticos no se quedará en las arcas partidistas, sino que, insisto, significará un ahorro neto en el gasto público destinado a las elecciones.

Sólo con esas tres medidas, la reforma merece ser calificada como estructural, o si se quiere, como de "tercera generación".

Además de lo anterior, el proyecto de decreto contiene medidas que hace años se venían demandando por diversas voces y grupos sociales, como la renovación escalonada de consejeros y magistrados electorales; la suspensión de la propaganda gubernamental, de todo tipo y origen, durante las campañas electorales, no por exhortos del IFE, sino como obligación constitucional; las sanciones a quienes usando indebidamente su poder económico o su influencia en los medios de comunicación pretenden influir sobre los electores para favorecer o perjudicar a determinados partidos o candidatos. No estamos hablando de la libre manifestación de opiniones personales, que para nada se restringen, sino de campañas corporativas como las que vimos en 2006.

Se dice que la reforma pretende poner restricciones a la libertad de expresión; el señalamiento es incorrecto, o por lo menos inexacto. En primer lugar la restricción no es ni general ni mucho menos dirigida a las personas, sino a los partidos políticos, a los que se impedirá denigrar a las instituciones o calumniar a las personas. Denigrar y calumniar no son conductas protegidas por la libertad de expresión. Los partidos y sus candidatos podrán usar la crítica, con toda la dureza que consideren necesaria, pero dentro de los límites que ahora establecerá la Constitución y hace años están consignados en la ley. Se dice también que se restringe el derecho de los gobernantes a la libertad de expresión; discrepo por una razón de principio, tal libertad es una garantía del ciudadano frente al Estado. Los gobernantes no son sujetos de las garantías individuales, sino obligados a respetarlas.

Terminar con la contradicción que significa que los controlados nombren a su contralor, no sólo en el IFE sino en otros organismos autónomos, no debiera ser visto como agresión contra su autonomía, sino como una necesaria corrección a un fenómeno residual. Ayer también se anunció que la propuesta para Contralor Interno del IFE no la harán los grupos parlamentarios, sino universidades públicas. La modificación resulta pertinente para despejar cualquier sombra de duda.

La reforma tampoco pretende, de manera alguna, vulnerar al IFE. Escalonar el nombramiento de los consejeros electorales, o incluso renovarlos por completo, no puede ser visto como una agresión ni a las personas ni a la institución. No fue visto así en 1994, tampoco en 1996. Antes y ahora las grandes reformas electorales pueden concluir en la necesidad de un cambio de guardia.

Es deseable que la decisión que finalmente adopte el Congreso combine los dos propósitos del escalonamiento: experiencia y renovación. Por lo pronto, las dudas se van despejando y la reforma electoral avanza, o al menos así parece.