Editoriales reforma electoral en El Universal

¡Tengan su reforma!
César Cansino
El Universal Viernes 14 de septiembre de 2007
Que México necesita con urgencia una reforma electoral profunda que apuntale a nuestra incipiente y muy cuestionada democracia electoral es una verdad aceptada por todos. Si algo mostraron los comicios federales del año pasado fue precisamente que nuestro sistema electoral hacía agua por todas partes; que bastaba una elección muy reñida para que estallaran las insuficiencias e inconsistencias de la normatividad electoral.
Si la reforma no procedió antes fue porque las elecciones en 2000 la vacunaron. Parecía entonces que habíamos encontrado la fórmula perfecta para organizar elecciones e incluso se creó la ficción de que nuestro modelo era exportable a otros países. ¡Nada más ridículo! La diferencia entre los comicios de 2000 y 2006 fueron simplemente algunos puntos de diferencia entre los dos candidatos presidenciales más votados. Aquí no hay héroes ni villanos, simplemente circunstancias, y en el trasfondo la misma e inútil ley electoral, la de 1996.
Pero nadie quería verlo. Los partidos parecían encandilados con las bondades de la reforma electoral de 1996 y fuimos muy pocos los observadores que insistimos en esos años en las muchas incongruencias de la misma y advertimos que tarde o temprano debía modificarse de manera integral si se aspiraba a fortalecer la democracia. El hecho es que los castillos que se pretendieron construir eran de arena y hoy los partidos han debido reconocer la fragilidad de origen de la legislación electoral.
La pregunta que surge ahora es si la reforma electoral aprobada por el Senado el miércoles pasado cumple con las necesidades y exigencias de una auténtica democracia electoral, es decir, si está a la altura de lo que el país requiere o si constituye una reforma insuficiente a la que le sucederán nuevas reformas en el futuro, tan pronto como unos comicios muestren sus puntos débiles.
Si bien la iniciativa tiene avances importantes, son tantas las omisiones que no hay más remedio que aceptar que nuestra clase política sigue enferma de gradualismo y resulta incapaz de mirar más allá de la inmediatez de sus intereses de partido. Tal y como los partidos han presentado la propuesta, a las reformas de “tercera generación”, como muchos despistados han llamado a esta reforma, le sucederán reformas de “cuarta”, “quinta” y “n” generación. Más aún, tienen mucha razón quienes argumentan que con estas reformas se da una vuelta de tuerca más hacia la afirmación de la partidocracia en México, concebida como una perversión de la democracia en la que no existen suficientes mecanismos formales para contrarrestar y limitar el poder de los partidos mayoritarios. En los hechos, más que los ciudadanos, quienes ganan con esta reforma son los propios partidos mayoritarios, los cuales no ven afectados en lo más mínimo sus muchas prerrogativas e intereses al amparo de la ley.
Que se restrinja la publicidad pagada para promover las campañas de partidos y candidatos es un avance indudable. Para eso existen los tiempos oficiales del Estado que concesiona las frecuencias a los medios privados. México adopta con esta decisión un principio básico de sana distancia entre los partidos y los medios que opera casi en todas las democracias consolidadas del mundo. Por eso, muy pocos ciudadanos se tragaron la embestida de los consorcios televisivos y radiofónicos que al ver afectados sus intereses pusieron el grito en el cielo, inventando toda clase de patrañas. Resultaba patético escuchar a “comunicadores” tan mediocres y sin ninguna autoridad moral defendiendo la libertad de expresión y erigiéndose en paladines de la democracia. ¡Qué absurdo! Como si los ciudadanos no supiéramos el origen de la concesión a TV Azteca o la complicidad que durante años tuvo Televisa con el viejo régimen priísta.
Con todo, el avance queda empañado en el momento en que la reforma deja de lado aspectos igualmente cruciales. El asunto de las candidaturas independientes quedó en el limbo, pues se omite el párrafo que las impedía pero no se reglamenta al respecto; la reelección de diputados y senadores simplemente no fue considerado, aunque algunos legisladores dicen que es parte de otra reforma en las previstas por la reforma del Estado; nada se avanzó sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, que requiere de un régimen especial. El mecanismo de selección de los consejeros del IFE quedó intacto, siendo los partidos los que designan pese a que ese procedimiento vicia de origen la credibilidad del árbitro. Los mecanismos para la fiscalización de partidos siguen dándoles amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de sus recursos y actividades. El contralor del IFE designado por los partidos resulta un contrasentido a la autonomía de ese órgano. Por éstas y muchas otras omisiones, los partidos nos siguen debiendo. Con esta reforma se volvió a perder la posibilidad de ir al fondo de muchos de los problemas de nuestro sistema electoral. ¡Basta de simulaciones!
cansino@cepcom.com.mx
Director del Centro de Estudios de Política Comparada



Reforma electoral: una evaluación
Miguel Carbonell
El Universal Viernes 07 de septiembre de 2007
El hecho de que la mayor parte de la discusión sobre la reforma electoral se haya centrado en la eventual remoción de los consejeros del IFE demuestra el bajo nivel del debate público mexicano. La iniciativa dada a conocer en días pasados contiene un buen número de asuntos que merecen mayor atención y que invitan a un debate informado que hasta ahora no hemos tenido.
En general la reforma tiene puntos muy positivos, como la disminución de los tiempos de campaña, las nuevas reglas para el financiamiento de los partidos, la regulación de las precampañas, la prohibición de que se difunda propaganda con la imagen o la voz de cualquier gobernante, la prohibición de la propaganda gubernamental durante el periodo electoral, etcétera.
Pero la reforma también tiene aspectos sobre los que habría que meditar con detenimiento. A reserva de abundar posteriormente en otros, me centro ahora en los tres siguientes:
1. La iniciativa prohíbe por mandato constitucional las candidaturas independientes, tanto para las elecciones locales como para las federales. Este es un aspecto que ha dado lugar a muchos debates, tanto en México como en otros países. No creo que la mejor forma de zanjar esos debates sea estableciendo una prohibición total y completa en el texto constitucional. Quizá se trate de una manera un tanto encubierta de ganarle el litigio a Jorge G. Castañeda ante la jurisdicción interamericana, lo que sería del todo reprobable.
Habría que considerar que el tema debe ser objeto de regulación (permitiendo o prohibiendo las candidaturas independientes) en el seno de los órganos legislativos no a partir de una definición constitucional. A nivel local ya existen algunos intentos, todavía muy tímidos, de crear candidaturas ciudadanas, los cuales se vendrían abajo si la reforma es aprobada. Si es cierto que todos los monopolios son malos, debemos aceptar que también lo son en materia política. ¿No sería bueno dejar al menos un poco abierta la ventana para una posible regulación (democrática y transparente) de las candidaturas independientes?
2. La iniciativa limita la posibilidad de que los órganos electorales conozcan de asuntos relacionados con la vida interna de los partidos. Este es un retroceso en toda regla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha realizado en los últimos años una gran tarea para ir imponiendo los principios del estado de derecho dentro de los partidos políticos, que estaban acostumbrados a hacer y deshacer en materia de manejo de sus candidaturas, de su dinero y de la admisión o expulsión de militantes.
Los partidos políticos mexicanos, pese a la retórica en contrario que suelen utilizar, han sido manejados como pequeños feudos, al servicio de dirigencias muchas veces mafiosas, con escasa voluntad de diálogo y sin demasiadas convicciones democráticas. ¿Por qué tendríamos que aceptar un blindaje constitucional que les permitiría permanecer ajenos a casi cualquier tipo de control externo? Si se aprueba este aspecto de la reforma se estaría reforzando enormemente el papel de las dirigencias, en demérito de la militancia y de las buenas prácticas democráticas que las autoridades judiciales les han obligado a adoptar a los partidos.
3. La iniciativa propone crear una especie de “contraloría” dentro del IFE, dotada de autonomía y cuyo titular es nombrado por la Cámara de Diputados. Me parece un profundo error este aspecto de la propuesta. ¿Se podría imaginar algo semejante en cualquiera de los demás órganos constitucionales autónomos que existen en México? ¿Sería aceptable un contralor semejante en el Banco de México o en la CNDH? La autonomía de este tipo de órganos supone que sus finanzas están sujetas a todos los controles, auditorías y revisiones que determine solamente el órgano superior de fiscalización a nivel federal, que es la Auditoría Superior prevista por el artículo 79 constitucional. Ese control es suficiente para el IFE, como lo es también para la CNDH o para el Banco de México.
Hay otros aspectos de la iniciativa que serían discutibles, pero al menos esos tres deberían ser suficientes para convocar a una discusión que vaya más allá de nombres y personas. Estamos ante la posibilidad real de mejorar sustantivamente las reglas de la competencia electoral, a fin de seguir siendo un modelo ejemplar en la materia. No lo tiremos por la borda dando rienda suelta a los apetitos omnívoros de los partidos políticos.
www.miguelcarbonell.com
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM